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La jubilación parcial sigue igual, sin solución

En los últimos días circula información con cierta satisfacción en su enfoque, por la publicación en el BOE de una Resolución en relación a la jubilación parcial.

Es indignante y produce vergüenza ajena la falta de ética y honestidad de una información que difunden las organizaciones sindicales que firmaron en julio de 2024, el acuerdo que hace imposible la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones Públicas, más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores. La resolución que publica el BOE del 9 de junio solo es aplicable al personal laboral de la Administración General del Estado y se trata del procedimiento administrativo de presentación y tramitación de las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral del Estado (puedes ver la información de CSIT UNIÓN PROFESIONAL al respecto, aquí, para cuando esté resuelto el problema de fondo sobre las condiciones para formalizar el contrato de relevo. Luego, no resuelve el problema del personal laboral de la Administración General del Estado, tampoco y mucho menos, para el personal laboral de otras Administraciones Publicas o de la Comunidad de Madrid.

La verdad y así son los hechos, es que el 31 de julio de 2024, los denominados Agentes Sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME), junto con el Ministerio de Trabajo, firman un acuerdo que modifica algunos requisitos de acceso a la jubilación parcial, entre ellos que el trabajador relevista debe ser a través de un contrato fijo y a tiempo completo (100 x 100 de jornada), requisitos incompatibles con el acceso al empleo público porque no se cumplen los principios de igualdad, merito y capacidad. Ese acuerdo, se ha trasladado después a la legislación básica de la Seguridad Social que entró en vigor en abril de 2025 y desde entonces, la imposibilidad legal para facilitar los contratos de relevo ha venido a bloquear el acceso a la jubilación parcial y, a día de hoy, nada ha cambiado.

Muchos son los debates habidos para arreglar el grave error cometido por los Agentes Sociales. La solución más probable es a través de ofertas de empleo público específicas, pero esta fórmula no es inmediata, lo resuelve a medio plazo, dado que requiere resolver los correspondientes procesos selectivos para cada categoría profesional.

En definitiva, indigna ver cómo, en vez de reconocer su grave error, en vez de informar honestamente, con objetividad y rigor, los Agentes Sociales firmantes del acuerdo de julio de 2024 que después se ha trasladado a la Ley; es decir, quienes han causado el problema, han ignorado y dejado sin jubilación parcial al personal laboral de las Administraciones Públicas, ahora pretendan presentarse con júbilo como los autores de la solución.

Quien es parte del problema no lo puede ser también de la solución.

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