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Uno de los puntos más controvertidos es la promoción de un modelo que deposite en empresas privadas el completo cuidado de personas mayores y dependientes. Aunque la Consejera ha anunciado medidas como la creación de nuevos centros, la homologación de títulos oficiales y una ampliación de la plantilla  en un 40%, nos preocupa la creciente apuesta por el sector privado para gestionar estos servicios esenciales.

Teniendo en cuenta que en los próximos quince años, la población mayor de 65 años en esta comunidad autónoma, va a crecer en un 47 por ciento, hasta superar los 1,9 millones de personas, eso  supone que uno de cada cuatro madrileños va a tener más de 65 años y el grupo de edad que más crecerá porcentualmente será el de mayores de 80 años. Ante este panorama, la consejera ha alardeado de la inversión de 1.700 millones que la Comunidad de Madrid ha destinado a la dependencia en 2024 y ha recalcado que, según prevé el gobierno de la Comunidad de Madrid en los presupuestos que previsiblemente se aprobarán en las próximas semanas, la inversión rozará los 1.900 millones de euros para 2025.

Esta estrategia ha sido presentada como una forma de innovar y crear un modelo social inclusivo, pero en CSIT UNIÓN PROFESIONAL nos cuestionamos el impacto que podría tener sobre la calidad y la cobertura integral que actualmente se viene prestando desde todos los centros de gestión pública de la Agencia Madrileña de Atención Social.

Desde el Área de S.Sociales de CSIT UNIÓN PROFESIONAL manifestamos que estas inversiones en sector privado no solventan la falta de personal cualificado. El crecimiento de la población mayor de 80 años es directamente proporcional al incremento de las necesidades de atención que requiere la población con distintos grados de dependencia y que la solución para dar cobertura a estas necesidades sociales debería ser la dotación presupuestaria que garantiza el mantenimiento de profesionales cualificados en los centros públicos de la CM. Si actualmente las plantillas están bajo mínimos, debería invertirse en reforzar esas plantillas, dada la previsión del aumento en las necesidades poblacionales.

A pesar de los esfuerzos por abrir nuevos centros y ofrecer formación, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL consideramos  que los recursos deberían priorizar el fortalecimiento del sistema público en lugar de transferir responsabilidades al ámbito privado. No en vano, seguimos sufriendo los desastres de la privatización del proveedor único de alimentos en las residencias y la cada vez más baja calidad del servicio y del producto.

A esta preocupación se suma el anuncio del nuevo modelo social que se apoyará en préstamos a organizaciones privadas, una medida que supondrá un debilitamiento del sistema público de bienestar.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL consideramos que la creciente privatización de servicios sociales, en lugar de una apuesta por reforzar lo público, pone en tela de juicio el compromiso del gobierno regional con la atención integral que la Comunidad de Madrid debería presar a los ciudadanos más vulnerables.