Noticias CSIT

La implantación de la Ley de Eficiencia en la Administración de Justicia y su aplicación en la Comunidad de Madrid, de forma precipitada y carente de previsión e información suficiente, está provocando un absoluto caos organizativo en las sedes judiciales. Las consecuencias de esta improvisación se trasladan de manera sistemática al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

La alteración radical de la estructura organizativa y del contenido real de los puestos de trabajo, sin una redefinición clara y garantista de las funciones de cada cuerpo, junto con la delegación de las cuestiones organizativas en el TSJ y en los LAJ, está generando la ausencia de criterios unánimes. Lejos de mejorar la eficiencia del servicio público, esta situación está originando desorden y una sobrecarga estructural, continuada y generalizada de trabajo. Además, se impone al personal funcionario una movilidad funcional y física forzosa, tanto dentro de una misma sede judicial como entre sedes distintas, que altera sustancialmente sus condiciones laborales, sin compensación alguna, y está causando conflictos, ansiedad y estrés entre los trabajadores de la justicia madrileña.

Se dan situaciones en las que, por ejemplo, hay funcionarios que trabajan para distintas plazas judiciales a las que no tienen acceso telemático, o cuyos expedientes físicos asignados se encuentran repartidos en distintas plantas de la sede. Asimismo, coexisten casos en los que los trabajadores han sido trasladados de puesto sin recibir de sus nuevos superiores jerárquicos instrucciones o criterios necesarios, o recibiéndolos de forma contradictoria, para la tramitación de los expedientes asignados, bien porque no estaban presentes, bien porque no facilitaban la información correspondiente.

Por otro lado, esta desinformación tiene un impacto directo en profesionales y ciudadanos, que deambulan por las distintas sedes buscando información relativa a sus expedientes y a los funcionarios asignados, y que, en la mayoría de los casos, se marchan sin poder satisfacer sus pretensiones.

En relación con el recorte de personal en las guardias de los servicios comunes de tramitación de la periferia de la Comunidad de Madrid, este supone un grave deterioro de las condiciones de trabajo, incrementa de forma inasumible la carga de trabajo y la acumulación de asuntos y conlleva, además, un perjuicio grave para el servicio público.

En este escenario, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL denunciamos la pasividad de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Justicia que, lejos de ejercer una defensa efectiva de los intereses del personal al que representan, han consentido, tolerado o normalizado la implantación de este modelo organizativo sin oponerse de manera firme a la degradación progresiva de las condiciones laborales.

La mera presencia formal en las negociaciones, sin una verdadera capacidad de impedir la merma de los derechos de los trabajadores, no es suficiente, y no deberían haber legitimado una situación tan lesiva.

La Administración no puede seguir descargando sobre el personal funcionario las consecuencias de una reforma estructural fallida. Es plenamente responsable de garantizar condiciones de trabajo dignas, así como de asumir las responsabilidades jurídicas que pudieran derivarse del mantenimiento de la situación actual.

Si queremos evitar una Administración de Justicia colapsada y hundida, a la que estamos abocados, resulta imprescindible la apertura inmediata de un proceso real y efectivo de negociación en el que se aborde, con carácter urgente:

• La revisión de las RPT.
• El refuerzo de plantilla.
• La creación de un servicio de información real a profesionales y ciudadanos sobre los procedimientos.
• El establecimiento de criterios objetivos de carga de trabajo.
• El estudio urgente de las cargas de trabajo en los servicios de guardias de la periferia para establecer las dotaciones oportunas.

Desde los servicios jurídicos de CSIT UNIÓN PROFESIONAL y, dada la inactividad de los sindicatos participantes en la Mesa Sectorial, se está estudiando el modo de defender y garantizar los derechos de los funcionarios de la Administración de Justicia, por lo que ejercitaremos las acciones legales que correspondan.