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CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el Sindicato de Policía Local Asociada (P.L.A.), tal y como hicimos el pasado mes de diciembre, volvemos a informar, mediante la remisión de una carta al Director General del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, del “sabotaje” de las cámaras de vigilancia instaladas en una de las zonas más conflictivas del distrito de Tetuán, ya que el cableado de estas ha sido cortado y sustraído. La empresa encargada de su instalación no procedió a proteger este cableado con tubos de metal, como se ha realizado en otras zonas de Madrid.

Resulta incomprensible que se mantengan tres indicativos estáticos en dicha zona, cuatro al inicio del servicio, dejando mermado el resto del distrito, así como otros. Esta situación supone una merma a las arcas públicas, ya que si se hace balance de las cuentas durante estos meses, en relación a la vigilancia por parte de la Policía Municipal de Madrid, el coste ascendería a dos policías por patrulla. En total, hasta 8 policías, incrementándose esta cifra en 10, si se incluyen los relevos. Sobre tres turnos, esto supone 30 policías, y por dos meses que lleva el servicio montado, un total de 60 agentes. Si consideramos que el coste bruto para el Ayuntamiento de Madrid, incluyendo la Seguridad Social (de forma genérica), es de unos 3.000€, aproximadamente, la cantidad total a la que asciende la vigilancia de las cámaras es de 180.000€, cantidad elevada si se tiene en cuenta que se está controlando la colocación de unas cámaras que una empresa privada debería estar vigilando, pero que, al no terminar de ejecutar el contrato de instalación, conlleva el retraso de su puesta en marcha.

Cuando se diseñó dicha instalación, ¿no se contemplaron las contingencias posibles, analizando el lugar dónde se tenían que instalar para que no fueran accesibles? ¿Por qué se utilizó tecnología con cables y no conexiones inalámbricas para evitar sabotajes? Lo fácil es cubrir la vigilancia del material (cámaras) con policías, y que todos los madrileños asuman el sobrecoste de la instalación mediante gasto del Capítulo I del Presupuesto Municipal, es decir, pagando las nóminas de la cantidad ingente de policías destinados en la zona, en lugar de tenerlos en el servicio ordinario.

Asimismo, estas organizaciones sindicales denunciamos que no se está teniendo en cuenta la conciliación de los agentes en ninguno de los turnos, puesto que a la hora realizar el relevo, en muchos de los casos, tienen que prolongar su jornada. Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el Sindicato de Policía Local Asociada (P.L.A.), solicitamos la anulación de este servicio a la mayor brevedad posible, para evitar el despilfarro económico que se está produciendo, insistiendo en que, probablemente, se están utilizando medios públicos para suministrar seguridad a una instalación que debería darse mediante seguridad privada, hasta la recepción de la obra, por parte de la empresa adjudicataria.