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Decretos 144/2017, 170/2018 y 318/2019 aprobaron las Ofertas de Empleo Público de la Comunidad de Madrid, lo que supuso casi 30000 plazas ofertadas de personal estatutario y en proceso para la casi totalidad de las categorías profesionales, entre ellas las convocadas, dentro del plazo límite de 3 años. Tras la Mesa Sectorial de 26 de noviembre de 2021 (para consultar el acta https://bit.ly/38ez8ti) se aprobó por unanimidad (SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UP, UGT) la Oferta de Empleo Público 2021, que se publicó en resolución de 1 de diciembre de 2021, con más de 3000 plazas convocadas de diferentes categorías profesionales, entre ellas una gran mayoría de facultativos especialistas.

Por otro lado y fruto de la negociación, se han convocado concursos de traslados para la mayor parte de categorías profesionales, pero estaba pendiente desde hace años que la Administración aceptara la reiterada petición de todos los Sindicatos de convocar traslados para las especialidades médicas y por fin, en el día de hoy destacamos el compromiso adquirido por la Dirección General de RRHH para que esta reivindicación se haga realidad.

También, en la Mesa Sectorial celebrada hoy, se ha ultimado la compleja negociación, en la que llevamos meses trabajando, de la oferta de plazas dentro del marco de la Ley 20/21, para lograr la reducción de temporalidad y estabilización en el empleo de casi 7000 plazas para profesionales de todas las categorías y que, por acuerdo de prácticamente todas las organizaciones sindicales de la mesa, será, casi en su totalidad, por el sistema de concurso de méritos.

Nadie ajeno a la Mesa Sectorial tiene capacidad, ni puede forzar negociación alguna, ni hacer entender que cuenta con atribuciones que no resisten más allá de la propia demagogia. Ni colegios profesionales, ni plataformas varias, ni sindicatos ajenos a la mesa y sin representatividad se pueden arrogar atribuciones que no tienen. Este mandato constitucional es el que garantiza que los derechos de los profesionales sean defendidos por sus representantes legítimos, quienes velarán porque se defiendan los intereses de todos los trabajadores y no sólo de una parte.

Nuestra preocupación y exigencia, con la responsabilidad que nos obliga, es que se negocien, convoquen y desarrollen los procesos con todas las garantías jurídicas necesarias para que ninguno de ellos sea paralizado en un futuro. Por ello, de los procesos que provienen de los acuerdos de estabilización del empleo previos, se ha llevado a cabo la estabilización de casi 30000 puestos y de la Ley 20/21 casi 7000. En el espíritu de la negociación siempre ha estado el fijar las condiciones más favorables posibles para los y las aspirantes, pero siempre dentro de la legislación en vigor en cada caso y en cada momento, y a las bases de todos los procesos celebrados hasta ahora nos remitimos.

Por otra parte, con el fin de evitar muchos de los problemas que al final acaban sucediéndose proceso tras proceso, volvemos a exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid, como lo venimos haciendo desde hace años, que deje de disminuir los recursos para los servicios públicos, que, entre otras cosas, hace que dichos procesos no se resuelvan con la celeridad requerida, lo que provoca que Madrid sea una de las CCAA que mayor temporalidad y fraude de ley tiene entre sus profesionales.  Para ello es imprescindible la digitalización en formato unificado en el SERMAS de los expedientes de los candidatos: no es de recibo que cada proceso (bolsa, OPE, etc.) se tengan que presentar todos los méritos, se impriman y se baremen de nuevo. En el siglo XXI esto debe terminar, por el bien de los candidatos y por la celeridad de los procesos.