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Se retrasa la aplicación de la nueva normativa sobre jubilación parcial anticipada para Empleados públicos de la AGE
Como ya os adelantábamos desde el Área de Administración del Estado de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, surgirán problemas en la aplicación real de los nuevos cambios legislativos introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre. Las prisas no son buenas en temas que afectan a numerosos empleados públicos y colectivos, con diferentes casuísticas.
En el caso del personal laboral del IV Convenio Único de la AGE, desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se afirma que su regulación no estará lista hasta al menos el último trimestre de este año 2025, pues la tasa adicional de empleo público para poder celebrar contratos de relevo, que debe aprobarse al margen de la aprobación de la nueva oferta de empleo público (que se prevé que sea en el mes de junio o julio). Todo ello, debido a que la normativa vigente, desde el 1 de abril obliga a la Administración a contratar a un trabajador relevista con carácter indefinido y a tiempo completo, para sustituir al empleado jubilado parcialmente y se verían afectados los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL informa que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública reconoce que también se retrasará la puesta en marcha de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario, pues igualmente debe aprobarse una tasa adicional de empleo público para poderse llevar a cabo. Además, en el caso de estos empleados públicos, el hecho de poder acogerse a este derecho está supeditado a la enmienda que hay planteada al respecto en la Ley de Función Pública en la Administración General del Estado, que se encuentra actualmente tramitándose en el Congreso.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL consideramos que debería arbitrarse algún mecanismo intermedio que no implique este grave retraso, ya que, como siempre finalmente sucede, los empleados públicos interesados son los grandes perjudicados.