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CSIT UNIÓN PROFESIONAL exige soluciones inmediatas a las condiciones de riesgo para la salud que afectan al personal al servicio de la Administración de Justicia de la CM
En relación con la implantación del Tribunal Único de Instancia y sus graves consecuencias en el funcionamiento de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, desde el Sindicato Independiente de la Comunidad de Madrid, SICM, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, sindicato más representativo entre el personal funcionario y laboral de la Administración de la CM y único sindicato en el ámbito de Justicia, específico de la Comunidad de Madrid, queremos poner de manifiesto el profundo malestar y el hartazgo de la plantilla de la Administración de Justicia ante una reforma que ha sido impuesta de manera precipitada, sin la planificación necesaria, sin negociación efectiva con las organizaciones sindicales y sin la dotación adecuada de medios materiales y humanos.
Esta forma de proceder está teniendo un impacto directo y negativo tanto en las condiciones de trabajo del personal como en la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.
Hemos detectado numerosas incidencias producidas desde la reanudación de la actividad judicial tras las vacaciones de Navidad, entre ellas traslados caóticos, pérdida de material y equipos informáticos, indefinición de funciones, ausencia de referencias jerárquicas claras y una desorganización generalizada que está generando inseguridad e incertidumbre laboral entre los trabajadores, cuestiones para las que hemos exigido solución en las distintas concentraciones que venimos apoyando y convocando.
Asimismo, hemos alertado de deficiencias muy graves en materia de seguridad y salud laboral en distintas sedes judiciales, con situaciones de hacinamiento, temperaturas por debajo de los mínimos establecidos por la normativa, obstrucción de vías de evacuación y riesgos eléctricos, estructurales y ergonómicos, así como la falta de medios adecuados para prevenir lesiones y proteger la salud de la plantilla. Todo ello supone un incumplimiento flagrante de la normativa vigente y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que acuden diariamente a estas instalaciones.
Nuestra Sección de personal al servicio de la Administración de Justicia, en coordinación con nuestro personal técnico del Departamento de Salud Laboral, ha detectado también la ausencia de evaluaciones de riesgos psicosociales, en un contexto marcado por la sobrecarga de trabajo, el aumento del estrés y la presión derivada de una implantación desordenada del nuevo modelo organizativo. Esta situación ya está provocando retrasos significativos en la tramitación de procedimientos y escritos, con el consiguiente perjuicio para profesionales y usuarios del sistema judicial, y se estima que la normalización del servicio podría demorarse hasta dos años si no se adoptan medidas urgentes. Resulta imprescindible una reacción inmediata por parte de la Administración, basada en el diálogo real, la planificación adecuada y la dotación de recursos suficientes, para evitar un mayor deterioro del servicio público de Justicia.
Ante este escenario, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha iniciado la recopilación de todas las irregularidades detectadas para su traslado a la Inspección de Trabajo y ha solicitado evaluaciones urgentes al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Del mismo modo, el Sindicato continuará con las movilizaciones y acciones necesarias mientras no se garantice el cumplimiento de la normativa, la seguridad y la dignidad de las condiciones de trabajo de la plantilla.