Notas de Prensa

Estas circunstancias contribuyen a posibles mermas en la calidad de los cuidados administrados, pudiendo poner en riesgo la salud de los residentes, olvidando el sobresfuerzo que llevan realizando los profesionales durante años, con un incremento en las cargas de trabajo durante este último tiempo, consecuencia del aumento de número de bajas por contagio durante los peores momentos de la pandemia.

Mientras continúan los ingresos de residentes con un alto grado de dependencia, los centros no se dotan del personal suficiente. En la Residencia de Personas Mayores Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares, por ejemplo, llevan desde hace meses con una plantilla ínfima de DUES, con varios puestos sin cubrir, y las suplencias previstas para los meses de verano están pendientes de contrato a fecha de hoy. De esta forma, durante los meses venideros faltará casi la mitad de la plantilla total del personal de Enfermería asignado al centro. Actualmente, las ratios profesional-paciente están disparadas (esta Residencia solo dispone de 7 DUES en el turno de mañana y 3-4 en el turno de tarde, para un total de 400 residentes, aproximadamente), y la lista interminable de tareas encomendadas obligadas a realizar reducen considerablemente el tiempo de dedicación a los usuarios y a la realización y cumplimentación de todos los protocolos asistenciales de la AMAS. Lejos de que la situación mejore, la publicación de la Orden que regula el procedimiento de acreditación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de Enfermeras/os de los centros del Servicio Madrileño de Salud, obliga, para no incurrir en intrusismo profesional, que este colectivo, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, deba solicitar valoración médica para la indicación de tratamiento ante una nueva herida o en las ya existentes, si así se precisara. Lamentablemente, esta realidad se hace extensible al resto de residencias públicas madrileñas.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL viene reclamando la igualdad en las condiciones laborales de este colectivo, ya que existen notables agravios comparativos entre los trabajadores de centros hospitalarios o Atención Primaria (pertenecen orgánicamente a la Consejería de Sanidad) y los dependientes de la AMAS, que realizando tareas igual de especializadas, algunas, inclusive, que no son de su competencia, se les barema el tiempo trabajado con menor puntuación, existen diferencias salariales, no tienen reconocimiento de acceso a la Carrera Profesional y tampoco disponen de un documento que contenga la definición de los límites en el desempeño de sus funciones, entre otros. A pesar de que estos profesionales continúan realizando sus tareas con total entrega y esfuerzo, las autoridades y organismos competentes siguen con su total falta de planificación, no valorándoles como bien merecen, algo que provoca su desmotivación y descontento generalizado, favoreciendo la huida de estos a otras consejerías.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ante la pasividad de esta Administración autonómica para incrementar las plantillas de profesionales en las residencias y viendo cómo la situación, llegado el periodo estival, vuelve a recrudecerse, exigimos de nuevo a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Gerencia de la AMAS, Direcciones de los centros y Dirección General de la Función Pública, que intervengan rápidamente para solventar todos los problemas en lo referente a la atención de los mayores y dependientes, que impide y repercute negativamente en la calidad y necesidades que se ofrece al ciudadano, además de ser perjudicial para las condiciones de trabajo de estos profesionales sanitarios, imposibilitando la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Esta Organización Sindical subraya que, en muchos centros, se están suprimiendo los días libres o realizándose cambios de jornadas, sin respetar la planilla anual ni los regímenes de descanso.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL continuaremos denunciando la precariedad en las plantillas, así como la falta de compromiso de esta Administración, trabajando para que se garanticen los derechos de todos los profesionales que prestan sus servicios en los centros asistenciales de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.