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La reunión comenzó con la intervención del Director General de Función Pública, quien expuso su posición de manera clara y directa: el actual Acuerdo de Jubilación Parcial del Ayuntamiento resulta incompatible con la reciente reforma de la normativa estatal en esta materia.

A continuación, la Directora General de Costes y Gestión de Personal del Ayuntamiento de Madrid realizó una exposición detallada de los elementos que, a su juicio, imposibilitan la aplicación de esta modalidad de jubilación tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, dado que esta norma introduce cambios significativos en el régimen de jubilación parcial y, en concreto, de los criterios establecidos por la Dirección General de Función Pública del Estado y por la Secretaría de Estado de Ordenación del Trabajo, destacan los siguientes aspectos:

1. Contrato obligatorio indefinido a jornada completa, una exigencia incompatible con la realidad contractual del Ayuntamiento, donde solo es posible formalizar contratos ordinarios indefinidos en supuestos excepcionales (fijos discontinuos o temporales por naturaleza del puesto).
2. Necesidad de una tasa de reposición específica, la cual no puede derivarse de una Oferta Pública de Empleo (OPE) general previa.
3. Imprescindible cumplimiento de los principios del TREBEP (igualdad, mérito y capacidad), lo que impide la contratación directa de personas desempleadas si no han superado un proceso selectivo reglado.
4. Obligatoriedad de que las plazas implicadas sean de carácter esencial, lo que limita enormemente su disponibilidad.
5. Simultaneidad en la contratación del relevado y el relevista, lo que introduce una complejidad adicional en la gestión de este tipo de jubilaciones.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, expresamos nuestra profunda preocupación ante el hecho de que las organizaciones sindicales con mayor representación estatal hayan suscrito una norma que, excluye a miles de trabajadores laborales del sector público del acceso a la jubilación parcial, al establecer unos requisitos extremadamente difíciles de compatibilizar con la operativa actual de las Administraciones.

Consideramos urgente y prioritario articular una solución realista para el personal laboral fijo, solicitando una moratoria en la aplicación de esta normativa y reclamando la tramitación inmediata de una modificación legislativa que permita implementar un modelo viable de jubilación parcial en el sector público.

Mientras esta reforma llega, entendemos que el Ayuntamiento de Madrid debe continuar trabajando de manera autónoma, sin esperar únicamente a los avances estatales. En este sentido, proponemos avanzar en la negociación de una tasa específica para jubilación parcial, que pueda impulsarse de forma paralela a la OPE ordinaria.

Revertir esta situación debe constituir una prioridad para todos los agentes sociales. Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, mantenemos nuestro compromiso activo en la defensa de los derechos del personal laboral y apelamos a la responsabilidad de los sindicatos estatales, como CCOO y UGT, para que prioricen esta negociación y corrijan lo que entendemos como un grave error en el desarrollo del Real Decreto, cuyas consecuencias están afectando de forma muy negativa las condiciones laborales de miles de empleados públicos.