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La investigación y debates del proyecto se han centrado en la creciente importancia del sector asistencial y en los retos a los que se enfrentan los trabajadores en su movilidad, en especial, sus condiciones de trabajo y la influencia que debe tener el diálogo social en sus desafíos; permitiendo identificar desafíos tanto para el propio sector de los servicios de atención domiciliaria, como sobre el papel del diálogo social en el mismo.

Destacamos las importantes diferencias entre los países socios en materias tan relevantes como el diseño de estos servicios asistenciales, la insuficiencia de recursos nacionales para su prestación o la falta de cualificación de las personas cuidadoras:

1. Excepto España, el resto de países no dispone de un sistema integral formal para la atención domiciliaria de las personas con necesidades.
2. Diferencias en la prestación de la propia asistencia domiciliaria, con importantes debates sobre su combinación con la atención en ámbitos residenciales y las subvenciones necesarias para dar cobertura a estas atenciones de personas vulnerables.
3. El amplio envejecimiento de la población (con porcentajes del 20% en España o Lituania, del 30% en Serbia y hasta del 40% en Malta sobre el total poblacional) supera las capacidades de los sistemas formales y no formales de los países socios.
4. La demanda de servicios de cuidados de larga duración y la insuficiencia de recursos nacionales, provoca una dependencia de personas migrantes que atiendan a las personas dependientes en sus propios domicilios, añadiendo otros problemas a la prestación de este servicio, como: La falta de cualificación de las personas cuidadoras que prestan los servicios domiciliarios; y la falta de supervisión de la calidad asistencial que puede poner en peligro el bienestar de las personas dependientes.

Además de otros aspectos que sufren las personas trabajadoras cuidadoras; en especial si son “no declaradas” (irregulares): violaciones de los derechos laborales y exclusión social, con una dimensión de género al ser, en su mayoría, mujeres, las que prestan estos servicios; ausencia de impuestos y cotizaciones y, en consecuencia, de pensiones futuras, o situaciones de “competencia desleal” e intrusismo profesional, como las más destacables.

En este sentido, y a pesar de la existencia de esas diferencias estructurales por países tanto en la atención prestada, como en la propia regulación de sus trabajadores, como conclusiones del proyecto, hemos propuesto una serie de buenas prácticas y recomendaciones:

• Garantizar la participación de los trabajadores de cuidados domiciliarios a través de los sistemas de información y consulta.
• Establecer convenios colectivos marcos para las personas trabajadoras en cuidados asistenciales, a través del diálogo social; tanto en el ámbito europeo, como nacional.
• Implementar estrategias en el marco del diálogo social tripartito europeo que permita diseñar unos estándares mínimos de cualificación profesional de los cuidadores domiciliarios, para garantizar una prestación de servicios profesional y adecuada a las necesidades de las personas atendidas.
• Establecer una normativa clara, uniforme y eficaz, para el desarrollo del empleo de los trabajadores en cuidados asistenciales domiciliarios, destacando los diversos colectivos que lo integran, en función de su procedencia: Trabajadores desplazadas en el marco transnacional de la UE; personas nacionales de terceros países; y personas migrantes.
• O, desarrollar incentivos económicos (fiscales, ayudas, subvenciones, etc.) para las familias que necesiten emplear a trabajadores que cuiden a sus personas vulnerables en el domicilio particular; con el doble objetivo de atender a la persona en su domicilio reduciendo el coste para las familias; y reducir la economía sumergida que existe en este sector; son algunas de estas recomendaciones.

En definitiva, el proyecto MOBILECARE pretende poner el foco de sus actuaciones, por un lado, en la atención cualificada y profesional que se tiene que dispensar a las personas con necesidades de atención asistencial y en sus familias; y, por otro lado, en las personas trabajadoras, potenciando su participación en la mejora de sus condiciones laborales y en la satisfacción de sus necesidades profesionales.

Para intentar conducir estas recomendaciones y potenciar las actuaciones estratégicas de la UE, MOBILECARE ha concluido destacando la necesidad de que se regule una definición, a nivel de la UE, de los servicios de atención domiciliaria y la forma homogénea de su puesta en práctica desde una óptica transnacional.

Y, en segundo lugar, que se apoyen estos servicios con la implementación de ayudas específicas para prestar estos servicios asistenciales y mediante una “movilidad sostenible en la asistencia domiciliaria en Europa”, para la que los socios han publicado un Documento Estratégico donde se establece una “hoja de ruta hasta 2032” para llevarla a cabo.