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La diputada ha atendido a los contenidos de las cartas de denuncia de los Comités de Empresa de distintos centros de personas mayores, como la de los Centros de menos de 250 trabajadores (R. Getafe, R. Alcorcón, R. Vallecas, R. Parla, R. Vista Alegre, R. San Martín de Valdeiglesias, R. San José, R. La Paz, R. Goya, R. Cisneros, R. Torrelaguna, R. Adolfo Suárez, R. Gastón Baquero, R. Navalcarnero, R. San Fernando y R. Villaviciosa de Odón), así como a la RPPMM Francisco de Vitoria, la RPPMM González Bueno, la RPPMM de Arganda, la RPPMM de Manoteras y la RPPMM Gran Residencia. Otros Comités de Empresa como los de Aranjuez y Reina Sofía, se han ido sumando a esta extensa lista con problemas que se repiten de forma generalizada y que no responde a hechos puntuales ni aislados, sino a problemas estructurales:

• Impagos de conceptos salariales (como trienios no reconocidos y/o no abonados, con cantidades acumuladas desde hace meses; abonos pendientes de transporte; y festivos trabajados no compensados ni retribuidos conforme al convenio), 
• Falta de cobertura de vacantes y bajas, provocando que las plantillas trabajen de forma continuada bajo una fuerte presión asistencial.  
• Déficit estructural de recursos, tanto humanos como materiales, básicos para el desempeño diario.  
• Sobrecarga de trabajo, que compromete tanto las condiciones laborales de los profesionales como el correcto funcionamiento de los centros.
• Incidencias en la planificación de turnos. 
• Impedimentos para el disfrute efectivo de descansos, permisos y derechos de conciliación.

Para CSIT UNIÓN PROFESIONAL, la coincidencia de estas denuncias en distintos centros evidencia que se trata de un problema estructural que requiere una respuesta inmediata por parte de la Administración, ya que la falta de personal está agravando de forma creciente el funcionamiento de los centros públicos y comprometiendo la atención que reciben las personas mayores. Hemos insistido en que el lastre de los impagos reiterados, sumado al déficit de plantilla que genera una sobrecarga de trabajo y a la vulneración reiterada de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras está empezando a tener consecuencias directas sobre la calidad asistencial y que la falta de soluciones está cronificando un modelo de funcionamiento basado en plantillas insuficientes, retrasos en el abono de cantidades adeudadas y una gestión que no está garantizando ni los derechos del personal ni la calidad del servicio público residencial.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, recordamos que los profesionales que prestan sus servicios en las residencias públicas de la AMAS sostienen un servicio esencial y que cualquier deterioro de sus condiciones de trabajo repercute directamente en la atención que reciben las personas mayores, especialmente en centros con alta carga asistencial y necesidades continuadas de cuidados. Por todo ello, CSIT UNIÓN PROFESIONAL exige a la Comunidad de Madrid y a la Gerencia de la AMAS la adopción urgente de medidas concretas que incluyan el abono inmediato de todas las cantidades adeudadas, la cobertura urgente de vacantes y bajas y el refuerzo real de las plantillas, el respeto efectivo de los descansos, permisos y derechos de conciliación, la dotación de los medios materiales necesarios para garantizar una atención adecuada y la exigencia de responsabilidades por las deficiencias de gestión de la AMAS.