La subida salarial del 1,5% adicional de 2022 forma parte de un mal acuerdo
De acuerdo con la previsión anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el incremento retributivo en 2022 que ha de aplicarse a los empleados públicos de la Administración autonómica, será del 1,5% adicional al 2% ya aplicado y se abonará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, en la nómina del próximo mes de diciembre.
Este incremento retributivo del 1,5% adicional forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno estatal con CCOO y UGT. Este acuerdo tiene una vigencia de tres años y junto al incremento adicional para 2022, se recoge también un incremento del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024; así como un 1% y un 0,5%, respectivamente, vinculado a la evolución del IPC y del PIB.
En el conjunto de los 3 años, el acuerdo prevé una subida de las retribuciones del 8%, y en el mejor de los escenarios de IPC y PIB, podrían llegar al 9,5%.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL critica la tibieza y “blandiblú” con el que negocian y acuerdan estos sindicatos en el Estado. El IPC anual a septiembre de 2022, se situó en el 9%, de manera que la subida salarial para el conjunto de los 3 años de vigencia del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, quedará prácticamente absorbida con el IPC solo de 2022. En definitiva, este acuerdo representa la pérdida consentida y cómplice del poder adquisitivo del conjunto de empleados públicos.
Es más, desde el año 2008, inicio de lo crisis económica y financiera, a causa de subidas raquíticas, congelaciones y recortes, los salarios de los empleados públicos se han devaluado más de un 25% en relación con la evolución del IPC en el mismo periodo, de manera que la negociación del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI profundiza en la pérdida de poder adquisitivo y con ello en la devaluación de los salarios.
En consecuencia, era exigible una posición sindical más ambiciosa en el incremento de las retribuciones para los 3 años de vigencia del acuerdo, con menos cálculo político e intereses organizativos, por eso hay que apostar por un sindicalismo menos institucionalizado y más pegado al interés de los empleados públicos, más reivindicativo.