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Personal Docente 06/05/26

La Inspección de Trabajo solicita información a Docentes de Madrid sobre el gas radón en centros educativos

Desde Docentes de Madrid, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, informamos de la evolución de la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo por la falta de mediciones de gas radón en centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Tras la denuncia inicial, hemos remitido a la Inspección de Trabajo la documentación complementaria que nos fue solicitada para completar el expediente. Posteriormente, la inspectora de Trabajo encargada de realizar la actuación inspectora se ha puesto en contacto con Docentes de Madrid para recabar información más concreta sobre determinados centros educativos.

En la conversación mantenida, la inspectora nos solicitó información específica sobre los centros de la localidad de Collado Villalba, especialmente en relación con:

  • Qué centros educativos cuentan con medidores de gas radón.
  • Qué centros disponen de aulas o espacios situados por debajo del ras del suelo, como sótanos, semisótanos o entreplantas.
  • Qué centros cuentan con mayor número de alumnado y personal, con el fin de valorar la posible incidencia de esta situación.

Desde Docentes de Madrid consideramos que este contacto supone un avance importante en el seguimiento de la denuncia, ya que confirma que la Inspección de Trabajo está recabando datos para analizar la situación real de los centros afectados.

Cabe recordar que esta actuación tiene su origen en la preocupación trasladada por Docentes de Madrid ante la ausencia de información clara sobre mediciones de gas radón, resultados obtenidos, planificación de actuaciones y posibles medidas correctoras en los centros educativos ubicados en zonas de riesgo.

Desde Docentes de Madrid y CSIT UNIÓN PROFESIONAL seguiremos colaborando con la Inspección de Trabajo, aportando la información necesaria y reclamando que la Consejería de Educación cumpla con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

La protección de la salud del profesorado, del personal no docente y del alumnado debe garantizarse con actuaciones reales, mediciones verificables y total transparencia.


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