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Para llevar a cabo ese objetivo, las Organizaciones socias del Proyecto (de España, Italia, Serbia y Macedonia del Norte), entre las que se encuentra CSIT UNIÓN PROFESIONAL, han desarrollado un proceso de investigación con diversas fases de análisis que han finalizado con una serie de conclusiones y propuestas de mejora y buenas prácticas que pretenden permitir una mayor participación de los trabajadores del sector de los servicios públicos en el ámbito transnacional, pero sin olvidar mejoras que es necesario implementar, también, en los ámbitos nacionales.

Entre las conclusiones más destacables por su especial implicación en la participación de los trabajadores, tanto en el ámbito nacional, como transnacional, podemos destacar la existencia de un alto desconocimiento, por parte de los trabajadores sobre sus derechos de participación y la queja de que la normativa actual es poco eficaz y no garantiza ese derecho. Además, una abrumadora mayoría afirma que la negociación colectiva es el instrumento más eficaz para establecer las condiciones de trabajo, a través de convenios colectivos y creen que sería necesario establecer algún sistema de información y consulta transnacional en el sector de los servicios públicos, alternativo a los Comités de Empresa Europeos, ya que la actual normativa europea no permite, ni técnica, ni legalmente, crear comités de empresa europeos en el ámbito de los servicios públicos.

La coincidencia del desarrollo de este proyecto europeo con la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2023, con recomendaciones sobre la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos; su emplazamiento para que elabore una nueva Directiva marco sobre la información, consulta y participación de los trabajadores en empresas europeas y la apertura de la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales iniciada por la Comisión Europea para la posible revisión de la actual Directiva 2009/38, sobre estos CEE, ha propiciado que los socios se hayan dirigido a la Comisión Europea trasladándoles una serie de propuestas de mejoras y buenas prácticas sobre esa “nueva” Directiva.

Así, en el debate mantenido por los socios en la Learning Workshop, celebrada en Roma los día 19 y 20 de septiembre, han coincidido en señalar que la participación de los trabajadores, su mejora, a través de los sistemas de información y consulta en los ámbitos nacionales del sector de los servicios públicos es, todavía hoy, en muchos países, muy mejorable; y los procesos de negociación colectiva y/o de diálogo social en este ámbito específico, también necesitan de mayores desarrollos y menores limitaciones en su puesta en práctica; siendo necesarios instrumentos que nos permitan intercambiar información sobre esas materias estratégicas que afectan al conjunto de Estados, en un mundo globalizado, con una Unión Europea cada vez más integrada que se posiciona con estrategias conjuntas frente a crisis económicas o sanitarias como las que hemos sufrido recientemente.

Convencidos de la participación de los trabajadores (a través de sus sindicatos y representantes) es fundamental para garantizar tanto las condiciones de empleo y las profesionales, como la protección social, de la seguridad y la salud de los trabajadores, las organizaciones socias del Proyecto han elaborado una serie de demandas a la Comisión Europea para su valoración e inclusión en el marco de la revisión de la Directiva 2009/38, que se concretan en:

• Analizar y potenciar la implementación de Comités de Empresa Europeos en el ámbito del sector de los servicios públicos reforzando sus capacidades de actuación y extendiéndolos a los países candidatos de la UE.
• Diseñar un Sistema de Información Transnacional para el sector de los servicios públicos, como instrumento de participación de sus trabajadores; definiendo, con sindicatos y gestores públicos, las materias que deben ser objeto de esa información. 

• Fortalecer y potenciar la utilización de los procedimientos de Información, Consulta y Negociación Colectiva, nacionales y transnacionales, en el sector de los servicios públicos de los Estados miembros y candidatos; garantizando que reciben la información necesaria y completa que les permita alcanzar acuerdos durante el procedimiento de Consultas.; y estableciendo un marco de sanciones efectivas para los gestores públicos frente a situaciones de vulneración grave de esos derechos de información y consulta de los trabajadores.

• Promover un Marco sobre Negociación Colectiva en el sector de los servicios públicos, para el conjunto de la Unión Europea, que suprima las actuales limitaciones existentes en este sector y que permita extender el alcance de esas negociaciones a la totalidad de condiciones de empleo y profesionales.

• Promover, de acuerdo con el Marco Estratégico de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo 2021-2027, la elaboración de una Directiva sobre la protección de los riesgos psicosociales y la lucha contra la violencia, el acoso o la discriminación en el lugar de trabajo en el Sector de los servicios públicos, que se extienda a los Estados miembros y a los países candidatos, estableciendo actuaciones transnacionales que desarrollen un programa de apoyo a los trabajadores aquejados de riesgos psicosociales.

Finalmente, las organizaciones socias de este proyecto, financiado con fondos europeos, hemos dirigido un escrito a la Comisión, solicitando la continuidad del Proyecto para, entre otras actuaciones, realizar un seguimiento del desarrollo de la revisión de la Directiva 2009/38, sobre los Comités de Empresa Europeos y de los nuevos términos para su implementación y el sistema de información transnacional para el sector de los servicios públicos de los países miembros y candidatos.