El consejero de Justicia nos reúne para informarnos sobre el proyecto "Ciudad de la Justicia"
CSIT UNIÓN PROFESIONAL asistía a la reunión convocada por el Consejero de Justicia para informarnos del proyecto de Ciudad de la Justicia a todas las organizaciones sindicales más representativas de personal funcionario y laboral en la Comunidad de Madrid y en la que estaban presentes altos cargos de la Administración como la Directora General de Infraestructuras Judiciales, la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, así como la Viceconsejera de Justicia y Víctimas.
Si bien aún no está realizado, esperan tenerlo finalizado y adjudicado el proyecto para 2022-2023; con dos o tres años para su construcción, se calcula que en 2026 estarían plenamente operativas las 28 sedes judiciales del partido judicial de Madrid, concentradas en más de 375.000 m². Al optar por un modelo de concesión, la empresa adjudicataria construiría y tendría la gestión y el mantenimiento de los edificios durante 35-37 años (máximo 40 años) mediante el pago de un canon anual por parte de la Comunidad de Madrid de 50 millones de euros, con actualización anual. Según la Administración, el coste actual de mantenimiento, limpieza, seguridad, alquileres, etc. de los actuales edificios judiciales supone un gasto superior a 70 millones de euros al año.
El Consejero ha resuelto una de las dudas que tenía CSIT UNIÓN PROFESIONAL sobre este proyecto al manifestar que al finalizar el periodo de concesión, los edificios revierten en el patrimonio de la Comunidad de Madrid. Además del canon, la concesionaria dispondría de locales y espacios en dos de los nuevos edificios, que podría explotar para otros usos, y un aparcamiento de casi 5.000 plazas que englobaría la mitad de ellas para parking público y la otra mitad destinada al personal de Justicia. Dado que la previsión es que unas 31.000 personas empleen a diario estas futuras instalaciones judiciales, se ha previsto asentar cafeterías, restaurantes, guarderías, entidades bancarias, entre otros servicios que cubran las necesidades del personal que trabajará allí y de sus usuarios.
Asimismo, el Consejero ha mostrado su disposición a, según vaya avanzando el proyecto, ir reuniendo a las organizaciones sindicales para mantenerlas informadas de las diferentes fases por las que irá pasando. Todas las organizaciones presentes hemos manifestado nuestra disposición a realizar aportaciones y hemos solicitado que se tengan en cuenta para la mejora del proyecto, dado que somos los que mejor conocemos al personal y sus necesidades.
Para el periodo que dure la construcción y en los encuentros que vayamos manteniendo, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha planteado la necesidad de negociar una serie de cuestiones que garanticen o compensen la situación del personal que prestará sus servicios en esta nueva ubicación. Puesto que los trabajadores eligen su destino en función de la distancia y accesibilidad desde su lugar de residencia, con esta nueva ubicación, habrán de alterar sus desplazamientos al centro de trabajo que carece de buena comunicación en transporte público y que resulta bastante alejado del resto de sedes judiciales. Por ello y a pesar de que está previsto construir un intercambiador de transportes, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha solicitado:
- Negociar la compensación al personal que se tenga que trasladar.
- Aplicación de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha consultado si en el proyecto se va a tener en cuenta el crecimiento de volumen de expedientes que Madrid, año tras año viene asumiendo, con el aumento de la demanda de servicios y espacio que ello conlleva. El Consejero ha manifestado que hay una previsión de reserva de espacios en los edificios, aunque es muy difícil prever con exactitud el crecimiento de asuntos que tiene Madrid, que obviamente, es el más importante de España.