Solicitamos el amparo al Defensor del Pueblo: C1 para los Técnicos Medios, ¡ya!
El Sindicato Independiente de Técnicos Sociosanitarios de Madrid, SIAET, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ha entregado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, una carta solicitando su amparo para que medie con las administraciones competentes, y se proceda a cambiar la clasificación profesional, para que el colectivo quede encuadrado en el subgrupo C1, tal y como indica el EBEP, dando así por finalizada la situación transitoria en la que nos encontramos.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL llevamos años denunciando que, para poder ejercer su trabajo, a estos profesionales se les exige estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico, es decir, un nivel C1, tanto para los TCAES, como para los Técnicos de Farmacia y Técnicos de Emergencias Sanitarias. Sin embargo, están clasificados en un C2, para el que tan solo se exige la Educación Secundaria Obligatoria. Esto, además de suponer que estén encuadrados en un grupo profesional sin nivel de FP, implica una merma económica.
Hasta la fecha, todos los esfuerzos realizados han sido improductivos, lo que supone un agravio para estos trabajadores.
En el año 2007 entraba en vigor la Ley 7, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo los principios básicos generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, cuyo ámbito de aplicación era el personal de régimen laboral funcionario y estatutario que trabaja en los Servicios Públicos. El artículo 76, que pretendía un nuevo sistema de clasificación profesional para funcionarios, cuyo fin era actualizar el sistema anterior, adaptándolo a las nuevas titulaciones, incluía a los Técnicos Medios de Enfermería, Farmacia y Emergencias dentro del grupo de clasificación profesional C1.
Desde SIAET, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, considera indispensable, a fin de solventar esta situación de discriminación, que se cumpla lo anunciado por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respecto a la Ley de Función Pública de la AGE, y que las CCAA actualicen y recojan en sus Leyes de Función Pública autonómicas, como así lo ha hecho la Comunidad Valenciana.
Pincha AQUÍ para acceder a la carta remitida al Defensor del Pueblo en Madrid
