Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid: Comunicado de las Organizaciones Sociales
Desde el Área de Sanidad de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, como Organización integrante de la Marea Blanca, compartimos este comunicado de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública.
En plenas fiestas navideñas, y sin previo aviso, Isabel Díaz Ayuso publicó el 23 de diciembre en el portal de transparencia el anuncio de trámite de audiencia e información públicas del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, estableciendo el reducido plazo de 7 días hábiles, entre Noche Buena y Noche Vieja, para la presentación de alegaciones.
El Anteproyecto de esta ley “ómnibus” modifica 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a muy diversos ámbitos como: Hacienda pública, ordenación territorial y urbanismo, medio ambiente y protección de la naturaleza, ordenación de los transportes urbanos y de las carreteras, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales, ejercicio de las profesiones del deporte y numerosas cuestiones administrativas como servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos, agentes forestales, policía local, agencia para la reeducación y reinserción del menor Infractor, uniones de hecho, agencia para la administración digital, estadística, cámara de cuentas, transparencia, silencio administrativo, compatibilidad de servicios por razones de interés público, fundaciones, tribunal administrativo de contratación pública, normativa y cargas administrativas, sanidad, proceso voluntario de integración en el régimen estatutario del personal laboral y funcionario que presta servicios en las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud por razones de interés general, categorías estatutarias del Servicio Madrileño de Salud, el régimen jurídico aplicable al personal emérito del Servicio Madrileño de Salud, agencia de contratación sanitaria de la Comunidad de Madrid, etc.
En definitiva, la complejidad, la transcendencia y los efectos del Anteproyecto sobre la sociedad madrileña, su territorio, su medio ambiente y sus derechos son de tal envergadura que resulta del todo imposible que en 7 días hábiles -inmersos en las fiestas navideñas y en la sexta ola de la pandemia con numerosas personas afectadas por la cepa ómicron- podamos participar de forma real y efectiva, según establece la regulación de la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa.
Las Organizaciones y colectivos abajo firmantes denunciamos que en estas condiciones, someter el anteproyecto de ley al trámite de audiencia e información públicas, y suprimir el preceptivo trámite de consultas, alegando de manera desviada una supuesta urgencia en la tramitación, que es incierta, supone una clara infracción a lo dispuesto en la normativa básica reguladora de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley –art. 133 Ley 39/2015-, así como en los artículos 8.a) y 6.3 del Convenio de Aarhus y 16 y 18 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia.
Consideramos inadmisible el proceder de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno al pretender modificar radicalmente normativa consolidada de la Comunidad de Madrid, reduciendo el debate parlamentario (al tramitarse por vía de urgencia) y eludiendo la participación social. Bajo el falso enunciado de ‘impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’, se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes.
Y por ello, exigimos que se amplíen, al menos un mes, los plazos de los trámites de audiencia e información pública del citado anteproyecto o subsidiariamente se anule todo el procedimiento. El Gobierno regional debe renunciar a esta forma de gobernar de espaldas a la participación ciudadana, de espaldas al diálogo y la negociación, esta forma crispada de gobierno que rechaza todo lo ajeno y sólo presta atención a lo que siente propio, en definitiva, a esta forma sectaria de afrontar el gobierno de la Comunidad de Madrid.